Cita a cuatro años vista para la nacionalidad.

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Por estos días se cumplen los diez años de la regularización de sin papeles de 2005, promovida por Gobierno del entonces presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Esta media extraordinaria entregó casi 700.000 residencias a inmigrantes. Y sus efectos ya se notan en el aumento de las colas en los registros civiles y en otras dependencias donde hay que realizar trámites para obtener la nacionalidad española.

La ley establece que para todas las nacionalidades, salvo las que tienen un vínculo histórico con España —los latinoamericanos o los sefardíes, por ejemplo solo necesitan dos años— un periodo de diez años para poder optar por a la ciudadanía. Solo la población marroquí que se acogió a la regularización asciende a unas 86.000 en todo el territorio español.

Este nuevo flujo pone aún más presión en unos despachos de por sí ya colapsados por el número de expedientes. “En el registro civil de Terrassa, en 2013, se daban citas para iniciar los trámites para cuatro años más tarde. En el de Martorell, una persona que haya pedido la cita en mayo de 2014 se la programaban para mayo de 2018”, denuncia Olga Hernández, de la Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería.

Los casos no se limitan a las poblaciones pequeñas. En Barcelona, los residentes de origen inmigrante que solicitaron su cita el pasado enero recibían la noticia que tienen que esperar hasta noviembre de 2016 para ser atendidos. “En muchos casos las plantillas están mal dimensionadas, no tienen presente que demográficamente hay otras necesidades”, explica Hernández. Y además de la arbitrariedad de algunos registros civiles con las pruebas con las que se busca certificar la integración en la sociedad española, Hernández también se queja de que la forma como se trabaja hace que muchas personas que optan por la nacionalidad pierdan dinero al tener que validar varias veces la documentación que se les solicita.

La regularización de 2005 introdujo el cambio de vincular la residencia con el trabajo efectivo. “Hay que ver cuántas de esas personas aguantaron la crisis y pudieron mantener su residencia”, dice la abogada. En 2012, el Ministerio de Justicia puso en marcha un Plan Intensivo de Nacionalidad para agilizar los trámites.