Alud de familias para acoger a refugiados en Barcelona

La propuesta de la alcaldesa Ada Colau para que Barcelona lidere una red de ciudades refugio ha abierto la caja de Pandora. A medida que pasan las horas, el Ayuntamiento concreta su plan y recibe apoyos institucionales -incluido el de la Generalitat- y de otros municipios. Y, mientras tanto, cada vez se hace más visible la lacerante odisea de las personas que buscan asilo político. En algunos casos los solicitantes de protección internacional sufren demoras que superan los tres años, según denunciaron ayer las corporaciones colegiales de los abogados y los procuradores de Barcelona, que calificaron este trato de “inhumano”. Una de las principales bazas del Ayuntamiento será la creación de un registro de “las centenares y centenares de familias” dispuestas a ayudar a los refugiados, “ya sea con alojamiento o de cualquier otra forma”, según explicó el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, al término de la reunión que él y Ada Colau mantuvieron con Asil.cat, una alianza de ocho entidades humanitarias, siete como integrantes de pleno derecho y una como miembro observador: el comité catalán del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). A la reunión también asistieron el Institut de Drets Humans de Catalunya, Cruz Roja, Comisiones Obreras, y juristas y representantes de oenegés como Districte 11, que ha recogido el testigo del hermanamiento entre la capital catalana y Sarajevo. Las fundaciones que trabajan con inmigrantes y refugiados confirmaron que están colapsadas y que trabajan “con medios muy precarios”. Una nota conjunta de los colegios de abogados y procuradores de Barcelona, instituciones centenarias y que no acostumbran a hablar por hablar, denuncia que hayan pasado cinco años desde la entrada en vigor en España de una Ley de Asilo sin que todavía se haya aprobado un reglamento que la desarrolle.

El Ayuntamiento sostiene que los poderes públicos podrían haber hecho mucho más de lo que han hecho y puso como ejemplo que “España es uno de los países que más fondos europeos ha recibido para la inmigración, pero ha destinado la mayor parte del dinero a la construcción de centros de internamiento y a organismos represivos, como Frontex”, la agencia que controla y vigila las fronteras exteriores de la UE. Ocuparse de quienes huyen del hambre o de países en guerra “no es una cuestión de caridad, sino de derechos humanos”, recalcó el primer teniente de alcalde. No se trata, agregó, de una opción, “sino de una imposición de la Carta Municipal”, un documento aprobado en el 2006 y que marca el ideario de la ciudad. Ada Colau aprovechó de nuevo su Facebook para agregar que “el asilo está garantizado además por la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Y los abogados y procuradores, muy críticos con “la pasividad política europea”, insistieron en que “los derechos humanos son los valores que deberían mover nuestra sociedad”.